Una demanda federal que busca reclamar 3,8 millones de bitcoin inactivos mediante una oscura aplicación de los estatutos sobre objetos perdidos de la policía ha impulsado la acción del Congreso, cuyo último borrador de la Ley CLARITY prohíbe explícitamente a los estados tratar los activos en autocustodia sin mover como propiedad abandonada. El caso, que valora los bitcoin objeto del litigio en aproximadamente 200.000 millones de dólares a los precios actuales, se fundamenta en una novedosa teoría legal: que las direcciones de bitcoin inactivas durante años pueden considerarse "perdidas" en virtud de las leyes estatales de propiedad no reclamada, permitiendo a una parte privada solicitar su titularidad mediante procedimientos reservados habitualmente para objetos físicos entregados a las dependencias policiales. El demandante argumenta que la falta de movimiento de las monedas por parte del propietario o la falta de demostración de un control continuo constituye un abandono. - La Sección 20216 del borrador de la Ley CLARITY prohíbe explícitamente tratar los activos digitales en autocustodia como abandonados, no reclamados o sujetos a usucapión basándose únicamente en su inactividad. - La disposición establece la prevalencia federal sobre las leyes estatales de reversión de bienes (escheatment) para las criptomonedas en autocustodia, protegiendo un estimado de más de 3 millones de bitcoin que no se han movido en más de cinco años.

- El proyecto de ley avanza en medio de la preocupación bipartidista de que un fallo favorable genere reclamos similares y socave los derechos de propiedad de todos los titulares de autocustodia.